El problema de los residuos en Europa es inaplazable: cada tonelada que no se gestiona de manera adecuada implica un coste económico, sanitario y ambiental que recae sobre toda la sociedad. El impuesto busca precisamente aplicar el principio de “quien contamina paga”, de modo que el servicio pueda cubrir su coste real y fomentar una conducta más responsable en la ciudadanía.

En este contexto, adoptar una postura de rechazo al reciclaje —como gesto de protesta por la creación de la tasa— no solo es inútil, sino también profundamente irresponsable. Negarse a separar los residuos en el hogar no castiga a las administraciones, sino que agrava un problema que afecta a todos: más vertederos saturados, más emisiones, más contaminación y, en última instancia, más costes futuros.

La responsabilidad colectiva exige altura de miras. El impuesto no es una cuestión de ideología, sino de civilización. Separar los residuos en casa no es un favor al gobierno de turno, sino un deber hacia la comunidad, hacia Europa y hacia las generaciones que heredarán nuestro entorno.