El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado esta mañana ha aprobado una moción donde se muestra el rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. La propuesta, presentada por el grupo de concejales del PP, fue aprobada con los votos favorables del Partido Popular y el voto negativo del PSOE y el Grupo Mixto.
La propuesta se contextualiza dentro de la situación que vive España en estos momentos y ante las circunstancias políticas que, según el texto ratificado por el Pleno Municipal, suponen que “Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”.
En la moción aprobada se acuerda “rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito”. El alcalde, Alejandro Navarro Prieto, ha animado “a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral”.
El portavoz del Grupo Popular, Valeriano Díaz, ha indicado que “el precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo, a ojos del mundo, a una dictadura, y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo; se les concedería a los golpistas su falacia de que son «presos políticos». En definitiva, un inasumible precio para cualquier gobernante decente, y para España entera, que está causando una profunda conmoción social”.
La moción recuerda que “el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia”.
El texto aprobado dice también que “en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España”.
Se recuerda que en “2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. Desde entonces trata de evitar la acción de los Tribunales españoles y Europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad”.
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