El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley que limita la privatización de la gestión de los hospitales públicos y refuerza el control económico y asistencial de los centros gestionados por compañías privadas.
La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud derogará la normativa de 1997 aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid. Según el Ejecutivo, la nueva ley busca poner coto al ánimo de lucro y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
La norma establece que la colaboración público-privada tendrá un carácter estrictamente excepcional, autorizándose solo cuando el sistema público no pueda prestar directamente los servicios y siempre que se cumplan criterios de sostenibilidad financiera, eficiencia y calidad asistencial. Además, introduce un procedimiento obligatorio de evaluación previo a cualquier concierto con entidades privadas, favoreciendo la participación de organizaciones sin ánimo de lucro frente a empresas comerciales.
El anteproyecto también facilita la reversión de hospitales a gestión pública una vez finalizados los contratos, eliminando barreras jurídicas que dificultaban hasta ahora estos procesos. Aunque no afectará de manera retroactiva a centros privados ya existentes, sí limitará su expansión futura y los somete a mecanismos de supervisión similares a los de la gestión pública.
Junto a esta reforma, el Gobierno impulsa la Ley de Organizaciones de Pacientes, que reconoce su papel como interlocutores dentro del Sistema Nacional de Salud, y un Real Decreto sobre evaluación y financiación de productos sanitarios, que introduce criterios homogéneos y transparentes para decidir qué productos se financian con fondos públicos, priorizando el valor real en salud y evitando arbitrariedades en los precios y márgenes.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas refuerzan la gestión pública directa como fórmula preferente, reconocen la participación de pacientes y profesionales, y ponen fin a modelos concesionales con ánimo de lucro que permitían a empresas construir y explotar hospitales durante décadas.
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