Durante el debate de una moción en la que el PSOE solicitaba la reprobación del CEO de Ribera Salud, de la empresa y la reversión del hospital a la gestión pública, en el pleno municipal del pasado miércoles, el concejal socialista, Javier Castillo, pidió explicaciones al alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro sobre la reunión que mantuvo el pasado 17 de octubre con jefes de servicio y supervisores de enfermería del Hospital de Torrejón.
«Dicha reunión, revelada por eldiario.es, tuvo lugar semanas antes de la filtración de los audios de Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud», señaló Castillo, quien pidió la dimisión del alcalde en el mismo pleno.
Castillo reprochó al alcalde «no haber sido capaz de desmentir la información publicada, según la cual los profesionales sanitarios solicitaron su ayuda ante los protocolos impuestos por la empresa gestora del hospital, así como su posterior inacción ante unos hechos que, según la Fiscalía de Madrid, podrían ser constitutivos de delito».
«Este lunes, ElDiario.es abría su portada nacional con un reportaje documentado sobre los protocolos implantados por Ribera Salud, conocidos públicamente tras la filtración de los audios de su CEO, publicados por El País el 3 de diciembre del pasado año. El reportaje desvelaba un hecho clave: el 17 de octubre, casi dos meses antes de que salieran a la luz dichos audios, el alcalde recibió, a petición del personal sanitario, a 15 jefes de servicio del Hospital de Torrejón y a tres supervisores de enfermería. Todos ellos acudieron indignados por las órdenes que estaban recibiendo por parte de la empresa y para exponer lo que se pretendía llevar a cabo en el hospital», explica el portavoz socialista.
«Esta reunión que hemos conocido deja casi en segundo plano las reprobaciones que pedimos en la moción, porque hoy usted tiene la obligación moral y política de aclarar qué hizo tras esa reunión y antes de que se hicieran públicos los audios del CEO», aseguró en el pleno.
Y preguntó: «¿Qué le contaron en esa reunión? ¿Y qué hizo usted después? Se lo he preguntado por escrito y su respuesta es casi una mofa: dice que fue una reunión más, como cualquier otra, y que mantiene una comunicación fluida con la Consejería. ¿De verdad pretende que creamos que no se habló de nada relevante? ¿Qué le pidieron una reunión para comentar lo bien que hacen pareja usted y Almeida al futbolín?»
«El 25 de septiembre el CEO de Ribera Salud reunió a 20 directivos y dio las órdenes de la vergüenza. Tras eso, la gerente y tres altos cargos presentaron denuncias internas por vulneración de derechos de los pacientes, mala praxis e incumplimiento de obligaciones, y fueron despedidos. Justo después le piden a usted una reunión, ¿y no le cuentan nada?», le espetó.
«Si usted tuvo conocimiento de alguno de los hechos que hoy están en los juzgados, tenía dos opciones: denunciar ante la Fiscalía o pedir oficialmente una investigación a la Consejería de Sanidad. Todo lo que no sea eso implica que la primera reprobación de hoy debe ser la suya. Si conocía lo que estaba haciendo la empresa antes de la publicación de los audios y no hizo nada, por responsabilidad moral y obligación política debe presentar hoy su dimisión», dijo Castillo.
«Sin embargo, el alcalde, amparado en su mayoría absoluta, eludió dar explicaciones y cedió la palabra a la concejala de Sanidad, Carla Picazo, quien realizó una férrea defensa de Ribera Salud, expuso supuestos datos positivos del hospital y rechazó la reprobación del CEO y de la empresa. Asimismo, defendió el modelo de gestión privada frente a la gestión pública», explica Castillo.
«Estas declaraciones provocaron la indignación de vecinos, plataformas, pacientes y organizaciones presentes, que se levantaron al grito de ‘Sanidad Pública'», recuerda. El ambiente de crispación hizo que tuviera que intervenir Policía Local para reestablecer el orden en sala.
En palabras de Javier Castillo: «No será en el pleno, por la mayoría absoluta que utiliza para no dar explicaciones a la ciudadanía, pero sobre esa reunión, su contenido y sus actuaciones posteriores, no le va a quedar otra que asumir las responsabilidades de lo que hizo o de lo que no hizo».
El PSOE de Torrejón critica la aprobación de los trámites urbanísticos para la construcción de una nueva residencia de mayores
En el mismo pleno se aprobó, con los votos del Partido Popular, el Plan Especial de Optimización y Reajuste Parcial de suelo dotacional en dos parcelas municipales ubicada en Soto Henares, que serán cedidas a la Comunidad de Madrid.
Una decisión criticada por los socialistas que aseguran que se trata de «una modificación urbanística para recalificar y fusionar varias parcelas verdes del barrio de Soto del Henares con el objetivo de ceder el suelo resultante a la Comunidad de Madrid y permitir la construcción de una residencia de mayores de gestión privada, a petición del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso».
Una decisión que, según denuncian desde el PSOE, «vuelve a profundizar en un modelo que prioriza la rentabilidad económica frente a la calidad del servicio y que ha demostrado perjudicar gravemente la atención asistencial, llegando en algunos casos a vulnerar derechos fundamentales».
«El modelo impulsado por el PP en la Comunidad de Madrid se basa en la cesión de suelo público a coste cero a empresas privadas para la prestación de servicios integrados en la red pública. Se trata de una fórmula ampliamente cuestionada y rechazada por una mayoría social en la región, especialmente tras la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia», señalan.
«En Torrejón de Ardoz, este modelo lleva implantándose casi dos décadas bajo gobiernos del Partido Popular. A lo largo de estos años, el Ayuntamiento ha cedido suelo público para la construcción del hospital de gestión privada de Ribera Salud, el hospital privado de Quirón, tres grandes centros educativos concertados, varias residencias privadas de mayores e incluso una ciudad deportiva privada para una federación de fútbol, todo ello sobre suelo municipal y sin coste alguno para las empresas beneficiarias», aseguran.
Y prosiguen: «En contraste, cuando el Ayuntamiento de Torrejón solicita suelo a la Comunidad de Madrid para infraestructuras públicas, debe asumir un elevado coste económico. Así ha ocurrido recientemente con la parcela destinada al nuevo parque de bomberos o con la parcela de Soto de Espinillos, que ha supuesto un desembolso de cuatro millones de euros para los vecinos y vecinas de la ciudad».
«Este mismo proyecto de residencias privadas ha sido rechazado en otros municipios de la región como Coslada, San Fernando de Henares, Alcorcón, Parla o Getafe. En estas localidades, sus alcaldes y alcaldesas han defendido una postura clara: si la Comunidad de Madrid necesita suelo municipal, debe ser para crear plazas y servicios públicos, no para ampliar el negocio privado. Más aún tras una gestión de las residencias durante la pandemia que dejó 7.291 personas mayores fallecidas, a la espera de que se haga justicia», explican.
El portavoz del PSOE en Torrejón, Javier Castillo, ha señalado: «Cuando el PP de Torrejón se presenta a las elecciones lo hace escondiendo su logo y vendiéndose como un proyecto sin ideología, pero la realidad es bien distinta. Son PP puro y duro, y su mayoría absoluta ha convertido nuestra ciudad en un laboratorio de las políticas privatizadoras del PP de Ayuso».
«En Torrejón, el alcalde cede parcelas municipales de valor millonario a coste cero para que el Gobierno regional monte negocios privados que ofrecen servicios supuestamente públicos, con una pésima garantía asistencial y donde prima la rentabilidad empresarial. Hay que acabar con este modelo y solo será posible con un cambio de gobierno en la ciudad en mayo de 2027», concluye.
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