El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado este martes las viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid situadas en la calle Carmen Laforet, 14, para comprobar de primera mano el estado de abandono en el que se encuentra el inmueble y la situación de desatención que sufren las familias residentes.
Ha estado acompañado por el concejal de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, José Alberto Cantalejo Manzanares; y el comisario de la Policía Nacional, Juan Ignacio Parreño.
También han asistido el portavoz del grupo socialista de Torrejón de Ardoz, Javier Castillo, y varios concejales socialistas, que ya acudieron el pasado mes de junio junto a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y varios diputados autonómicos.
Durante la visita, Martín ha calificado como “absolutamente indecentes” las condiciones en las que viven muchos de los vecinos, personas que, en su mayoría, son beneficiarias de políticas públicas de protección social. “Un año después, lo que hemos constatado junto a los vecinos y vecinas es que poco ha cambiado. Las cosas apenas han mejorado”, ha lamentado.
El delegado ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España en el refuerzo de la seguridad en el entorno, señalando que ya se han llevado a cabo intervenciones concretas dentro del bloque. “Hoy confirmamos y reforzamos ese compromiso para seguir trabajando en el ámbito de la seguridad, tanto dentro del edificio como en su entorno”, ha afirmado.
Martín ha hecho un llamamiento explícito a la Comunidad de Madrid, a quien ha señalado como principal responsable del estado del edificio, propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS). “Es absolutamente inaceptable que, tras anunciar hace un año una inversión de cientos de miles de euros para adecuar estas instalaciones, no se haya hecho absolutamente nada. Ni siquiera han dado respuesta al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, como el propio Consistorio nos ha confirmado”, ha denunciado.
Asimismo, ha reprochado el “caos en la gestión de la política de vivienda por parte de la Comunidad de Madrid”, una desorganización administrativa que -según ha dicho- “conlleva un castigo social que hoy estamos viendo reflejado en las condiciones lamentables en las que viven muchas personas”.
Medidas concretas y refuerzo de la seguridad
En respuesta a las demandas vecinales sobre la seguridad, Martín ha detallado las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el último año: “Ha habido seis desalojos, se ha desmantelado un grupo violento que residía en el entorno y se han realizado intervenciones contra el tráfico de drogas. Vamos a seguir intensificando nuestra acción policial”.
No obstante, ha apuntado que muchas de las viviendas siguen ocupadas ilegalmente y que, al ser propiedad de la Comunidad de Madrid, ésta debe dar el paso de denunciar. “Es necesario que la Comunidad aborde una reforma integral del edificio, amplíe la vigilancia presencial, instale cámaras de seguridad y garantice así un entorno digno y seguro para los residentes”, ha exigido.
El delegado ha recordado que las personas que viven en Carmen Laforet 14 son especialmente vulnerables, en situación de exclusión social, y no pueden ser penalizadas por el abandono institucional. “No se puede permitir que vivan así por la dejadez de una administración que tiene la competencia directa sobre estas viviendas”, ha subrayado.
Convocatoria de una mesa urgente de coordinación
Para afrontar esta situación con urgencia y de manera coordinada, Francisco Martín ha anunciado la convocatoria de una nueva Mesa de Urgencias Sociales en el mes de julio. Esta mesa tripartita reunirá a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y a la Delegación del Gobierno, con el objetivo de realizar un diagnóstico compartido y diseñar un plan de acción conjunto.
“Vamos a trabajar de forma coordinada en este mismo mes para dar una respuesta real a estos vecinos y vecinas que, desde luego, no se merecen el abandono al que están siendo sometidos. El compromiso del Gobierno de España es firme y claro. Si hay un lugar donde debemos priorizar nuestra acción como responsables públicos, es aquí, donde se concentran necesidades urgentes y un sufrimiento vecinal que no puede seguir siendo ignorado”, ha concluido.
Desahucios pendientes de ejecución
A todo esto se suma un drama aún peor, ya que involucra a menores. El próximo martes, 8 de julio, a las 10:00 horas, está previsto el desahucio de Seila, una madre soltera con tres hijos menores a su cargo que reside en una de las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS).
Según han expuesto, Seila lleva meses intentando regularizar su situación habitacional con la administración autonómica. La vivienda fue inicialmente adjudicada a otra persona, que ya no reside en el inmueble.
Actualmente, Seila y sus hijos son los únicos empadronados en la vivienda, hacen frente al pago de los suministros y han manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de asumir un alquiler social acorde a sus ingresos.
Sin embargo, su petición ha sido ignorada. Y ahora lo único que tienen es la carta que indica que el próximo martes les echarán de su vivienda. Una situación de extrema vulnerabilidad que ha sido puesta en conocimiento del delegado del Gobierno este martes.
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