El desahucio de Sheila, una madre soltera con tres hijos menores a su cargo en Torrejón de Ardoz, ha provocado un choque institucional entre el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el jefe de gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La controversia se produce tras la carta enviada por el delegado a la presidenta, en la que solicitaba una actuación urgente para evitar que la familia afectada quede sin alternativa habitacional.
Ejecución del desahucio
El pasado 8 de julio se ejecutó el desahucio de Sheila, madre soltera y víctima de violencia de género, que residía en una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, ubicada en el número 14 de la avenida Carmen Laforet. La mujer vivía con sus tres hijos menores, todos ellos escolarizados en el municipio. Según consta en el padrón municipal, eran la única unidad familiar empadronada en el inmueble.
Tal y como contamos en Diario de Torrejón y como recoge la misiva del delegado, la afectada percibe el Ingreso Mínimo Vital como única fuente de ingresos y se había hecho cargo de los suministros del domicilio. El padre de los menores figura como obligado al pago de una pensión alimenticia, aunque se declara insolvente.
La mujer había solicitado la regularización de su situación o la adjudicación de alguna de las 14 viviendas vacías en el mismo edificio. Estas peticiones fueron denegadas y el procedimiento terminó con la ejecución del desalojo.
El Ayuntamiento de Torrejón habilitó una solución habitacional provisional, consistente en alojamiento temporal, además de ayudas para cubrir fianza y alquiler durante un período de seis meses. La Delegación del Gobierno considera estas medidas insuficientes ante la ausencia de una respuesta estructural.
Carta del delegado del Gobierno
El 14 de julio, el delegado del Gobierno en Madrid envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que expresó su preocupación por el caso. En el documento, Francisco Martín critica la gestión del caso por parte de los responsables autonómicos y señala la falta de una alternativa habitacional estable tras la ejecución del desahucio.
En la misiva, Martín recuerda que la vivienda pertenece a la Agencia de Vivienda Social, dependiente del Ejecutivo autonómico, y subraya que la competencia en materia de política social recae en la Comunidad de Madrid.
En este contexto, solicitó una intervención urgente para evitar que la familia quede sin alojamiento a partir del 17 de julio, fecha en la que finaliza el recurso provisional habilitado por el consistorio.
Además, el delegado propone la creación de una mesa técnica tripartita -formada por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Comunidad de Madrid- con el objetivo de abordar la situación general del edificio de Carmen Laforet 14, que presenta diversas problemáticas de carácter social y habitacional.
Respuesta del gabinete de Ayuso
La carta no fue trasladada a la presidenta. En una respuesta por escrito, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó su contenido por considerar que no se ajusta a los estándares de comunicación institucional.
En un mensaje breve, Rodríguez comunicó al delegado que no haría llegar la carta a la presidenta por lo que califica como “falta de respeto” en el tono empleado.
“Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo. Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación”, señala el jefe de gabinete en su respuesta.
Desde el Gobierno central se insiste en que el abordaje de este tipo de casos requiere coordinación entre administraciones. En este sentido, la Delegación del Gobierno ha reiterado la necesidad de establecer mecanismos de trabajo conjunto, especialmente cuando se trata de familias con menores en situación de exclusión social.
Contexto institucional
Este nuevo episodio se enmarca en un contexto de relación institucional tensa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En varias ocasiones, representantes de ambas administraciones han intercambiado críticas sobre la gestión de competencias compartidas en áreas como sanidad, educación y política social.
El caso de Sheila ha reabierto el debate sobre la actuación de los poderes públicos ante situaciones de vulnerabilidad habitacional. Mientras la Comunidad de Madrid defiende la actuación conforme a los procedimientos judiciales vigentes, desde la Delegación del Gobierno se considera que las medidas adoptadas no han garantizado una respuesta adecuada a la emergencia social generada por el desahucio.
A fecha de hoy, la situación de la familia permanece en seguimiento por parte de los servicios sociales municipales, y no se ha confirmado si se ofrecerá una solución habitacional de carácter estable más allá del alojamiento temporal habilitado por el Ayuntamiento.
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