El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de este miércoles, el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos.
El objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-.
La norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado.
También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.
Con la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal, que se inicia ahora su tramitación legislativa para su aprobación en la Asamblea de Madrid, la Comunidad de Madrid se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal. “Esta iniciativa del Gobierno de la nación sólo busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía”, apuntan desde la Comunidad de Madrid.
“El libre ejercicio de esa autonomía financiera, gracias a 17 años de bajadas fiscales por los sucesivos gobiernos regionales, ha permitido un ahorro cercano a los 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente”, añaden.
En esta línea, han insistido en que “los impuestos bajos, junto a una política de gasto eficiente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, han convertido a Madrid en la mayor economía de España, siendo la región que más aporta al PIB nacional, con un 19,3% en 2019, según la contabilidad regional del INE”.
Y concluyen: “Madrid es también, con diferencia, la comunidad más atractiva para la inversión extranjera, atrayendo el 73,3% del total estatal en el tercer trimestre de 2021”.
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