A finales del pasado año, el portavoz del PSOE de Torrejón de Ardoz, Javier Castillo, mandó un escrito al Defensor del Pueblo, en el que denunció “actitudes antidemocráticas que sufren de manera constante por parte del gobierno de Ignacio Vázquez”. Y, en concreto, los hechos sucedidos en el pleno de septiembre cuando el alcalde le “impidió hablar en su turno de palabra” como portavoz del PSOE.
Ahora, el Defensor del Pueblo ha respondido dictaminando que “ha vulnerado el derecho a la participación política, el derecho de los concejales de la oposición a participar en el pleno y el artículo 23 de la Constitución Española”.
En esta línea, Castillo ha anunciado que pedirá “la dimisión” del cargo del que ha sido recién nombrado Vázquez: vicepresidente de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana
“Hace pocas semanas, tras el pleno ordinario del mes de junio y el enésimo ataque a los derechos fundamentales de los concejales por parte del alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez y su gobierno del Partido Popular, el portavoz del PSOE, anuncié que haría lo necesario para poner freno a las acciones del alcalde ante el ataque constante a los principios más elementales de la democracia, la transparencia y la participación que de manera creciente vienen sufriendo la oposición y la ciudadanía por parte del gobierno de Vázquez”, señala el portavoz socialista.
Castillo afirma que “el alcalde y el portavoz del PP han tratado de evitar durante casi un año que se resolviese la denuncia evitando aprobar el acta del pleno denunciado, pero finalmente de nada les ha servido”.
En la resolución, el Defensor del Pueblo dictamina:
1.- El artículo 11.6. del Reglamento Orgánico de ese ayuntamiento establece que “Los concejales o portavoces de los grupos necesitarán la venia del alcalde para hacer uso de la palabra, hablarán alternativamente, en pro y en contra, según el orden en que la hubieran solicitado, en un máximo de dos ocasiones, una de hasta dos minutos para exposición del asunto a tratar y otra de un minuto para rectificar concisamente y por una sola vez los hechos o conceptos que se le hubiera atribuido […].
En consecuencia, esa alcaldía al no haber permitido el segundo turno de palabra al grupo político al que pertenece el concejal compareciente vulneró el propio reglamento orgánico y, por ende, su derecho de participación política en la medida en que el derecho de los concejales a participar en las sesiones plenarias, conforme a las reglas de funcionamiento establecidas, forma parte del núcleo esencial de dicho derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución.”
“Además, le requiere a que desde este momento cumpla con su obligación de ordenar los debates plenarios, por supuesto, respetando los derechos recogidos en la Constitución Española y resto de legislación vigente”, señala Castillo.
Y añade: “Es un duro varapalo para la irreal imagen de alcalde simpático y dialogante que el gobierno municipal vende de Ignacio Vázquez en los medios municipales financiados con recursos públicos, pero también por su reciente nombramiento como vicepresidente de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana”. Un cargo que Castillo definió como “una broma de mal gusto”.
Según Castillo, “Vázquez y el portavoz del PP, José Luis Navarro, conscientes de la inminente resolución del Defensor del Pueblo se han apresurado en las últimas semanas para tratar de evitar un dictamen contundente, algo que en menor medida han logrado, eso sí, a base de utilizar nuevamente el rodillo de su mayoría absoluta, aprobando en el último pleno celebrado este mes de julio, el acta del pleno en discordia de septiembre del año pasado. Y han utilizado esa aprobación y una supuesta disculpa en privado del alcalde al portavoz del PSOE para reducir la dureza de la resolución del Defensor del Pueblo”.
Más acciones
Si bien Javier Castillo ha valorado positivamente la resolución por reconocer la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución ha informado del envío de un nuevo escrito al Defensor del Pueblo este lunes para informar “de la realidad sobre lo acontecido en las alegaciones presentadas por el alcalde y el Partido Popular”.
“Primero, que el acta del pleno de septiembre de 2021 recoge hechos no sucedidos y obvia los que ocurrieron, y por ello, se ha aprobado solo con los votos del partido del alcalde, el PP y con el voto en contra del resto de partidos, primera vez que esto sucede en toda la legislatura”, denuncia.
Además, según asegura Castillo, “no se ha producido ninguna disculpa por parte del alcalde ni en privado ni en público por no permitirle intervenir en el pleno”.
Por todo ello, solicita nueva resolución instando a que incluya una disculpa pública y el compromiso firme de cesar del todo las actitudes antidemocráticas en los meses que restan de legislatura.
Además, ha anunciado que no descartan acciones en otros ámbitos judiciales “tras la aprobación del acta de pleno de septiembre de 2021 por ser un documento público que recoge falsedades fácilmente comprobables en el video del pleno colgado en la página web del ayuntamiento y otras acciones relacionadas con el nombramiento de Vázquez en la Red de Transparencia y Participación Ciudadana”.
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